Este día se llevó a cabo la presentación oficial de la “Estrategia Nacional para el Manejo del Fuego El Salvador 2017-2021”. El objetivo principal del instrumento de planificación estratégica es integrar de manera interinstitucional y multidisciplinaria, las políticas, normativas, planes y programas, mediante la coordinación de acciones eficaces para el manejo del fuego en todo el territorio nacional, a fin de contribuir a la preservación de los recursos naturales.

El instrumento presentado promueve el manejo del fuego de forma eficaz y eficiente, contribuyendo con la conservación de la biodiversidad y las funciones de los ecosistemas, adaptándose a los efectos del cambio climático a fin de mejorar la calidad de vida de la población.

En la elaboración de la Estrategia participaron ocho instituciones de gobierno que conforman la Comisión Nacional de Incendios Forestales (CNIF):los Ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, de la Defensa Nacional, de Justicia y Seguridad Pública, de Gobernación a través del Cuerpo de Bomberos de El Salvador y la Dirección General de Protección Civil, Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y el Instituto Salvadoreño de Turismo. La Comisión tiene como mandato velar por la gestión y protección de los ecosistemas forestales, ante la constante incidencia de los incendios.

En representación del ministro de Agricultura y Ganadería, Orestes Ortez, el asesor del Despacho Ministerial, Wilfredo Rubio, agradeció la colaboración y coordinación de las diferentes instituciones por el trabajo desarrollado. “El documento nos presenta como prevenir, capacitar a la gente, la organización de las comunidades en este tema, como enfrentar el siniestro, hay todo un plan de acción”, señaló el funcionario.

Por su parte del director general de Ordenamiento, Forestal, Cuencas y Riego, Luis Napoleón Torres, explicó la estructuración de la misma, y agradeció el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero (USAID/OFDA/LAC).

Torres explicó, además, que la Estrategia en mención cuenta con un marco legal y con lineamientos estratégicos desde las perspectivas de los diferentes ámbitos nacional, social, del conocimiento y de la gestión de riesgo; así también con una planificación operativa.El documento está orientado por siete objetivos específicos:

  1. Fortalecer el marco legal con instrumentos tales como lineamientos, protocolos,procedimientos y normativas técnico-operacionales estandarizadas que permita a las instituciones un eficaz manejo responsable del fuego.

  1. Coordinar y gestionar financiamiento nacional e internacional que garantice la implementación de la presente estrategia, planes y acciones a nivel nacional.

  1. Gestionar, coordinar y desarrollar la cooperación regional, para la efectividad de las acciones conjuntas en manejo del fuego.

  1. Crear un sistema de información estandarizada para todas las instituciones que ejecuten acciones relacionadas con el manejo del fuego.

  1. Promover y establecer investigación a nivel nacional para generar conocimiento científico sobre el impacto ambiental, social y económico de los incendios forestales.

  1. Desarrollar programas de sensibilización para que a través de la educación ambiental se logre incidir en los tomadores de decisiones, población civil, instituciones públicas y privadas, sobre el uso adecuado del manejo del fuego.

  1. Fortalecer los sistemas de alerta temprana en la detección y/o prevención de los incendios forestales, con el fin de mejorar la calidad de respuesta para su atención efectiva, organizada y segura.

La implementación de la Estrategia será facilitada a través de la Comisión en coordinación con los gobiernos municipales, empresa privada, ONGs,Asociaciones de Desarrollo Comunitario (ADESCO) y demás miembros de la sociedad civil. Además, su seguimiento y evaluación se realizará de acuerdo al plan operativo anual incluido en la Estrategia, mismo que también establece la presentación de un informe de cumplimiento.

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