El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) aclara las denuncias malintencionadas y sin fundamentos de una empresa agroindustrial a través de un grupo de productores, respecto a supuesto incumplimiento del Convenio para la Siembra y Comercialización de Maíz Blanco. Este Ministerio reitera que ha respetado el marco de lo establecido en el documento mencionado, por lo cual informa a la población:

  1. Que el CONVENIO PARA LA SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ BLANCO es un acuerdo entre privados – sector industrial y asociaciones de productores de maíz-, no un Decreto Legislativo.Al suscribir dicho convenio, el MAG funge únicamente como testigo de honor; y según con las atribuciones establecidas en su cláusula 15, le corresponde específicamente el rol de facilitador y coordinador de la Comisión de Supervisión del Convenio, y no de ente decisor de los acuerdos de comercialización. Por ello, el MAGha delegado a un funcionario de la Oficina de Políticas y Planificación Sectorial, quien, mediante reuniones semanales, ejerce la función de facilitación y coordinación entre las partes.

 

Ante ello, la obligación de llegar a un acuerdo de precios es de la industria y de los productores. En este aspecto en particular, el MAG cumple la función de monitorear precios en distintas plazas de todo el país, los cuales pone a disposición, como insumo de referencia en la negociación entre las partes.

 

  1. Que la determinación de la apertura de un Contingente de Desabastecimiento es una medida que se adopta con el análisis previo de una Comisión Técnica–conformada por los Ministerios de Economía, Agricultura y Ganadería, y Hacienda-, donde las tres entidades acuerdan y recomiendan a los Titulares decidan su otorgamiento.

Por ello, durante los últimos nueve años, bajo las normas establecidas por los mecanismos vigentes, se ha aplicado la distribución con base en dos requerimientos: demanda y generación de efecto positivo al desabastecimiento. Este último factor fue el que impulsó la reciente apertura de un contingente por 35 mil toneladas métricas, ante los efectos en las siembras de maíz por la situación de sequía en los meses de junio y julio de este año.

Antes de 2009, la distribución de los contingentes se realizaba entre 3 o 4 entidades empresariales que forman parte del convenio; mientras que ahora, se distribuye entre 12 agentes económicos, acción que genera racionalidad, transparencia y distribución estratégica del contingente para evitar desabastecimiento y la especulación en los precios de venta al consumidor.

  1. Que la apertura arbitraria de un nuevo contingente para beneficiar a la industria implicaría graves consecuencias para los productores de granos básicos en el país, ya que está por salir la cosecha del ciclo agrícola 2018/2019. Entonces, de abrirse más contingentes, se produciría una pérdida directa para la mayoría de los productores nacionales de maíz. Es solo en condiciones de sequía o perturbaciones del clima que afecten a la producción nacional, que el Gobierno analiza bajo parámetros técnicos la necesidad de abrir estos contingentes.

 

Actualmente, la venta de los productores nacionales a la agroindustria dentro del Convenio es sumamente bajo, pues representa apenas el 0.6% de la producción nacional, puesto que el país ha recuperado la capacidad de producción de maíz blanco, producto de las medidas implementadas por este ministerio

 

  1. Que se ha cumplido, e incluso superado, la cláusula 21 del CONVENIO PARA LA SIEMBRA Y COMERCIALIZACIÓN DE MAÍZ BLANCO, que establece: “El volumen de asignación del contingente de desabastecimiento, será equivalente a cuatro veces el volumen de maíz blanco nacional demandado en la Bolsa”.Este año, el Ministerio de Economía ha otorgado a las industriasdel Convenio, los contingentes requeridos por más del volumen establecido en la cláusula en mención, superándolos, hasta por una relación de más de 5 quintales de importación libre de arancel por 1 quintal de compra nacional.

 

Por tanto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería rechaza tajantemente las afirmaciones de una empresa agroindustrial con capacidad de lobby en la Asamblea Legislativa, que utiliza a un grupo de productores para presionar por la obtención de un privilegio privado de exoneraciones para la importación de maíz blanco; y le hace un llamado a la responsabilidad con el pueblo salvadoreño. Especialmente con los productores de granos básicos, ya que sus demandas van directamente en detrimento de la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de los productores de maíz nacional, y de la población salvadoreña en general.

 

Asimismo, se invita a la población y, en especial a los medios de comunicación, a diversificar las fuentes de información consultadas, incluyendo las oficiales, y así evitar la desinformación.

 

Finalmente, esta Cartera de Estado, en línea con la política del Gobierno del Profesor Salvador Sánchez Cerén, reitera que continúa teniendo como prioridad y centro de su accionar: el apoyo de los pequeños productores. Prueba de ello la inversión desde 2014 a la fecha de más de 108 millones de dólares en seguridad alimentaria orientada a la producción de maíz y frijol nacional.

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