Gracias al trabajo articulado del Gobierno del Presidente Nayib Bukele se realiza un plan nacional para acabar con la especulación de precios en el mercado de lácteos, razón por la cual tanto el Ministro de Agricultura y Ganadería, David Martínez, y el presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, junto a la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda, la Policía Nacional Civil y la Dirección General de Aduanas comenzaron las inspecciones a los principales importadores y comercializadores de estos productos de alto consumo en El Salvador.
Según el Presidente de la Defensoría, a partir de la información todo apunta a que algunos agentes de la cadena de comercialización están elevando los precios, particularmente algunos distribuidores, pero todo se determinará al final del levantamiento de las intervenciones.
Los funcionarios coinciden en que el principal problema es el golpe a la economía de los salvadoreños, por lo que el Estado actuará con todo el rigor y el peso de la ley. “Es deber de nuestras instituciones, y sobre todo del Gobierno, garantizarles el acceso a bienes y servicios, especialmente a los alimentos para satisfacer las necesidades de la población, por lo que no se permitirá ningún tipo de abuso”, explicó Salazar.
Además, señaló que el objetivo del plan es dar con quiénes están generando el efecto especulativo identificado, para aplicar el marco legal que establece la Ley de Protección al Consumidor, cuyo artículo 18, letra H, instaura las sanciones al incremento injustificado de precios a los productos esenciales como los alimentos, que pueden llegar a multas hasta de 500 salarios mínimos, sin olvidar la penalización ante el acaparamiento, el cual es un delito el extraer o almacenar para provocar el alza de costos que puede incurrir de dos a seis años de cárcel, por ello, también se trabaja de la mano con la Fiscalía General de la República.
Por su parte, el Ministro Martínez enfatizó que se busca proteger el bienestar y el bolsillo de la población. “Después de hacer un sondeo junto al presidente de la Defensoría del Consumidor nos hemos dado cuenta de que hay demasiadas variantes de precios en los diferentes puntos del país, y hay ciertos especuladores que se han aprovechado del verano, porque el producto tiende a bajar, y del alto costo de la ganadería en la región, pero hay un abuso que debemos atacar”, añadió el titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Asimismo, aclaró que la verificación estatal se hace porque el precio de ingreso del producto no es tan alto en el reporte de los importadores, y según el histórico el incremento es de $0.04 o $0.05 centavos, por ende, no hay una justificante al aumento tan desmedido que se registra en diferentes zonas de El Salvador. A lo que Salazar añadió que algunos son tan desmesurados que superan hasta un 20%.
“El Presidente Bukele nos ha mandado a sancionar severamente a los que estén haciendo estas malas prácticas. Así es que, estamos trabajando de forma articulada para el levantamiento de la información, para ver qué están tributando y qué no los importadores, además de las medidas inmediatas que vamos a tomar (…) El mensaje a la población es que los temas no quedan impunes como en el pasado, ahora tienen un Gobierno que se preocupa por el bolsillo de ustedes; y que sí está accionándose para garantizar que la economía de los salvadoreños no salga afectada”, subrayó el Ministro Martínez.
El titular del MAG también desmintió en conferencia de prensa que el aumento de precios se deba al atraso de los muestreos en aduanas, porque la inspección tarda lo mismo que en meses anteriores, de ocho a 12 días. Y en ese sentido, el Ministerio está trabajando en la modernización de sus servicios, como parte del Plan Maestro de Rescate Agropecuario, por lo que se hará una alianza con Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) para hacer el proceso de inspección de lácteos más dinámico.
Los funcionarios esperan acabar con el alza de los precios de los lácteos, y piden a la población que reporten los abusos de precios al 910 de la Defensoría del Consumidor para tomar las medidas correspondientes de sanciones o penalización.
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